SENADOR DE ELIAS PIñA DENUNCIA MANIOBRA NO SANTA ENTRE CODACSA Y AERODOM

Por Balbueno Medina 











Senador Adriano Sánchez Roa.






El senador Adriano Sánchez Roa alertó hoy sobre maniobras no santas
que se estarían fraguando en las últimas horas en relación a las
concesiones de Codacsa y Aerodom, que involucrarían ganancias
multimillonarias para los posibles beneficiarios.
El senador por Elías Pina, en una resolución depositada en el Senado,
deploró que en el caso de Codacsa el Estado haya perdido unos 109
millones de dólares, debido a que el ministro de obras públicas,
ingeniero Víctor Díaz Rúa, manejó ese contrato atendiendo a sus
intereses personales.
El legislador fronterizo recordó que por su iniciativa el Senado de la
República aprobó en el año 2008 la resolución 5599, que pedía la
rescisión del contrato por ser lesivo al país, pero que detrás de las
acciones del ministro de obras públicas, está entregarle el peaje a
otra empresa privada.
“Con aquella resolución del Senado, perseguíamos defender el
patrimonio nacional, pero los intereses particulares provocaron la
pérdida no sólo de más de 72 millones de dólares, cobrados
graciosamente por Codacsa, sino que el país ha sido condenado por un
tribunal de arbitraje internacional al pago de 37 millones de dólares
en beneficio de esa empresa, que ahora se queda con 109 millones de
dólares del pueblo dominicano”, dijo Sánchez Roa.
El Senador peledeísta enfatizó, que no es justo que por el afán
desmedido de acumulación de riqueza de unos pocos funcionarios, pueda
afectarse la imagen y la extraordinaria obra del presidente Leonel
Fernández, cuyas realizaciones en beneficio del pueblo y la Nación
están a la vista de todos, ni mucho menos crear distorsiones que
generen serias dificultades al próximo gobierno del presidente electo
Danilo Medina.
Respeto a la concesión de Aerodom, el legislador fronterizo reveló que
existen aprestos en la Comisión Aeroportuaria, donde el ministro
Víctor Díaz Rúa es presidente ex oficio, para ampliar a la carrera
otros diez años a este contrato, lo que implicaría nuevas violaciones
a la Constitución de la República, al desconocer otra vez el rol del
Congreso Nacional, perjudicando al Estado con más de dos mil millones
de dólares