JOVENES EMPRESARIOS RECHAZAN OBSERVACIONES AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Por Balbueno Medina

Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), expresó como preocupante las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, vetando dicha pieza legislativa, tras haber sido aprobada y consensuada por el Congreso Nacional.

Dentro de las observaciones se encuentran las realizadas al artículo 13, que trata sobre el quórum y la adopción de decisiones por parte del Consejo, que propone que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura se aprueben por mayoría simple de los integrantes presentes y, en caso de empate, decida el voto calificado del Presidente. Además, observó el artículo 5 que trata sobre las ausencias, proponiendo que sea el Procurador General de la República, quien es un funcionario dependiente del Ejecutivo, quien presida las reuniones del Consejo, en ausencia suya o del Vicepresidente. De acuerdo a la Asociación, “Resultan perjudiciales las citadas modificaciones porque atentan contra la institucionalidad y el ejercicio democrático, puesto que el hecho de que un sólo Poder del Estado, de forma automática obtenga mayoría, no sólo representativa sino también decisoria en el Consejo”.

La referida Ley plasma la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura y establece entre las funciones del mismo la evaluación del desempeño de la actual Suprema Corte de Justicia, la designación de sus nuevos integrantes, el nombramiento de los Jueces de Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. “En razón de la magnitud de las atribuciones de las nuevas instancias jurisdiccionales, particularmente las del Tribunal Constitucional, que podrá revocar tanto actos administrativos como sentencias, incluyendo aquellas con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que emanen de la Suprema Corte de Justicia, ANJE considera que la sociedad civil debe velar para que exista un contrapeso de poderes en el seno del Consejo, que garantice un proceso de selección transparente de los nuevos jueces, basado en criterios objetivos de independencia, capacidad y no en el predominio de criterios político-partidistas”.