EL NEGOCIO DE LOS METALES Y LA COMPLICIDAD ESTATAL

Por Balbueno Medina

LIC. BALBUENO MEDINA, DIRECTOR DE NOTAMEDIN.BLOGSPOT.COM

El robo de  metales por parte de bandas organizadas rebozó las fronteras del enfado de los dominicanos, luego que los delincuentes se llevaran los cables que sujetan al puente Juan Pablo Duarte, que comunica a la capital con el Municipio Santo Domingo Este.

Esa estructura que ha sido símbolo de la ingeniería en la República Dominicana y que hace honor al forjador de nuestra nacionalidad,  fue sustentada por unos 40 cables de gran grosor, donde cada extremo era sujetado por 20 de ellos y los delincuentes se llevaron 16 de uno y 7 del otro, lo que demuestra el nivel de pericia y destreza con que operan esos sujetos.

Sin embargo, ese robo de los cables del puente Duarte no nos debe sorprender, porque esas acciones de esas bandas de delincuentes organizados se vienen cometiendo hace varios años y todavía es la fecha que no hemos legislado para enfrentar de una buena vez y por todas esos robos que han causado tanto daño al Estado y a las empresas privadas del país.

De este caso, lo que ha llamado la atención es que los delincuentes en su afán por mantener a flote el negocio de la venta de cables, han roto todos los límites que hasta la propia sociedad dominicana le había puesto en su desconsiderada y alocada carrera delincuencial, porque profanaron la solemnidad del nombre del padre de la Patria y como si eso fuera poco atentaron contra la existencia de miles de personas que transitan a todas horas por ese lugar, que gracias a Dios no les ocurrió nada, porque las autoridades se dieron cuenta a tiempo.

No obstante ese robo de los cables del puente Juan Pablo Duarte, aun con todo el pesar, las lamentaciones y sorpresas  de la población, sirvió para que a partir de ahora las autoridades que tienen que ver con el cuidado y mantenimiento de las carreteras y edificaciones públicas comiencen a tomar los correctivos de lugar para evitar que ese tipo de acciones delincuenciales continúen cometiéndose en nuestro país.

En pleno siglo XXI, no es permitido que patrimonios tan costosos y estratégicos para el Estado dominicano como son nuestros puentes, túneles, autopistas y grandes edificaciones que utilizan millares de dominicanos para realizar sus actividades cotidianas, no sean abastecidos de sistemas de seguridad que permitan detectar cualquier irregularidad o anomalía que se produzca, sobre todo en un mundo donde el terrorismo y el sicariato  no tienen fronteras.

Esta experiencia, no solo nos debe servir para admitir que fallamos por la falta de previsión que se ha tenido en proteger a las personas que utilizan las edificaciones públicas, sino para sinterizarnos ante la sociedad dominicana porque de seguro que en el presupuesto de alguna de nuestras carteras gubernamentales debe haber una asignación para ese tipo de mantenimientos que no es utilizado en esos fines.

Quizás o tal vez, sin quizás, producto de esa inobservancia o negligencia administrativa nuestras principales avenidas y autopistas carecen de señalizaciones, barandillas y se encuentran atestadas de hoyos que muchas provocan la muerte de nuestros conductores, pero eso debe tener un alto y probablemente el robo de los cables del puente Duarte haya servido para eso.

De eso no nos alegramos, pero si pedimos que se legisle para que las bandas organizadas, que hace muchos años, le han venido quitando el sueño a los ciudadanos de los barrios y grandes recursos al Estado y al sector empresarial, paguen caro con grandes condenas en las cárceles nacionales por las acciones que han venido cometiendo en perjuicio de todos, sin importar el nivel social o político de quienes cometan esos atentados a la estabilidad y al sosiego de la familia dominicana.

Los hechos están a la vista de todos, grandes consorcios que se han hecho millonarios a través del negocio de los metales y las principales autopistas de las regiones Norte, Sur y Este, desprovistas de barandillas y señalizaciones como consecuencia de ese robo organizado y a pesar de eso los organismos encargados de ponerle correctivos a esa situación no se dan por enterado del saqueo de que ha sido víctima el país.

En definitiva, para detener ese atentado contra el patrimonio público y privado del pueblo dominicano y que representa una vergüenza para toda la sociedad, se debe legislar y actuar sin contemplaciones contra las bandas organizadas que operan en el negocio de metales, porque de lo contrario perderemos el país.

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