Ultimátum a Venezuela: EE. UU. aumentaría sanciones si Maduro no acepta diálogo con oposición

Del exterior 

 En su comunicado, el gobierno Biden expresó que, pese a que este llamado ya había sido realizado con antelación, el régimen de Maduro no ha dado muestras de cumplimiento, lo que ha agotado la paciencia del Gobierno en Washington, que ahora ha optado por amenazar con intensificar las sanciones a Venezuela, si los compromisos no son cumplidos.

Este llamado se realiza en el marco de las preocupaciones internacionales luego de que, pese a que ya se había dado un primer paso para concertar un acercamiento entre el chavismo y la oposición, el primer sector se levantara de la mesa de diálogo que se había fijado en Ciudad de México; negociaciones que llevan suspendidas cerca de un año.

La posición del gobierno Biden se hizo recientemente explícita, a través de Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, quien, en una intervención ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, precisó que Venezuela viene empleando tácticas dilatorias, sobre las que advirtió no resultarían útiles, mientras que Estados Unidos pierde paciencia.

Este nuevo llamado expresado por Nichols reitera lo ya expuesto por los responsables de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos, quienes, un mes atrás, advirtieron que es necesario que la voluntad de Maduro se haga, no solo explícita, sino también tangible, abogando por la reactivación de los escenarios de diálogo.

En ese sentido, Estados Unidos también presiona para que las partes descongelen el escenario, y fijen nuevamente una fecha para la reanudación de los diálogos.

Así, Nichols recordó que la revisión, por parte de Estados Unidos, de las actuales políticas de sanciones impuestas a Venezuela está supeditada al cumplimiento de compromisos, referidos a la reactivación de los diálogos. En ese sentido, además de la reanudación de diálogos, la flexibilización de las políticas y sanciones contra Caracas, también dependen de los avances logrados en la mesa de diálogo en Ciudad de México.

Con este pronunciamiento, Nichols reiteró lo ya expuesto, tiempo atrás, por el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. órgano que se encarga de guiar las relaciones exteriores del país.

En su momento, la advertencia, ahora reiterada, acusa que en casos en los que se logre determinar que el régimen Maduro no obre de buena fe, ni cumpla con los compromisos, referirá que Estados Unidos revise su política de sanciones, pero no para ablandarlas, sino para endurecerlas aún más.

Por su parte, desde Venezuela, el régimen Maduro busca emplear la llamada diplomacia petrolera a su favor, conocedor de la crisis mundial energética, derivada de la invasión rusa a Ucrania, y las sanciones internacionales que también se han impuesto en ese sentido a los hidrocarburos de Moscú.

Sobre el particular, Maduro ha reiterado en varias ocasiones que su país está presto a “abastecer el mercado petrolero y gasífero mundial”, siendo su pronunciamiento más reciente frente a la materia, el pronunciado el pasado miércoles, cuando también criticó las sanciones que se han posado por parte del mundo, en contra de Rusia.

Precisamente, según recogen medios internacionales, dicho nuevo pronunciamiento de Maduro, se realizó en el marco de una visita a la ciudad de Caracas, por parte del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el kuwaití Haitham al-Ghais.

En el marco de sus intervenciones, Maduro expuso y enalteció los esfuerzos que viene adelantando su Gobierno para la reactivación gradual de la industria petrolera, reconociendo el daño que sobre el sector representó la imposición de sanciones a Venezuela.

Sobre la producción diaria de petróleo en Venezuela, el mandatario señaló que van encaminados en recuperar la capacidad de otrora, precisando que si bien esta era de 3,2 millones en 2002, en el momento, el ritmo les permite la producción de 700.000 barriles diarios.

Las sanciones sobre las que hacen mención las partes, se refieren a las impuestas por Washington en 2019, justo como condena por las acciones del régimen Maduro al realizar unas fraudulentas elecciones con las que el líder justificó la continuidad en el poder, y que llevó a la agudización de la crisis socioeconómica en ese país.