JUSTICIA Y TRANSPARENCIA ASEGURA QUE ACUERDO VARGAS LEONEL VULNERA LA DEMOCRACIA Y VIOLA LA CONSTITUCION

Por Balbueno Medina

SANTO DOMINGO DN La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que el pacto Leonel Fernández-Vargas Maldonado, vulnera la democracia y viola la constitución, toda vez que van mas allá de los graves problemas institucionales, suscitados por el limbo jurídico en que se encuentra el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, y se convierten en legisladores, acordando pautas y futuros protocolos y procedimientos sobre temas que están claramente deslindados y establecidos en la propia constitución, además de haber violado el cauce constitucional para la aprobación de las leyes.

Trajano Potentini, presidente de la entidad cívica deploró el secretismo, falta de información y el ambiente excluyente en que se manejo este acuerdo, desconociendo así una de las reglas más elementales de la democracia, en otras palabras, la participación de todos, procurando el consenso y respetando y tomando en consideración el derecho de las minorías.

Reforma Fiscal y Plan de Austeridad.

La FJT rechaza el paquete fiscal planteado por el gobierno, en razón de que profundizaría aun más la grave crisis económica que vive el país, además de propiciar un ambiente inflacionario en detrimento de la calidad de vida de las grandes mayorías.

Asimismo Justicia y Transparencia entiende que se trata de una medida injusta e innecesaria, al tiempo que sugerimos y pedimos encarecidamente al gobierno dominicano, la implementación de un plan nacional de austeridad serio y confiable, con una comisión de seguimiento que garantice su cumplimiento, además de contemplar la depuración, reducción y congelamiento de la nómina pública, la disminución de diversos gastos a través de los celulares, viajes al exterior, la compra de vehículos y mobiliarios, gastos de representación, regalos y festividades, uso de tarjetas de créditos a nombre del Estado, remodelaciones de oficinas y el consumo de combustible y el reajuste de los altos sueldos de funcionarios gubernamentales, entre otros gastos, y el indispensable combate a la corrupción que anualmente se lleva de nuestro presupuesto cifras que pudieran estar sobrepasando los (100,000) cien mil millones de pesos, incluyendo la corrupción administrativa y la evasión fiscal.

Potentini lamentó que se esté timando y engañando al pueblo, vendiéndoles la ilusión de que el paquete fiscal tiene como objetivo recaudar los fondos necesarios para la educación, pese a ser de conocimiento público que esos fondos se destinaran a otro renglones ajenos al quehacer educativo, y la única posibilidad existente para la educación, es que la recaudación tengan un súper hábil por encima de lo proyectado que sobrepasa los 10,000 millones de pesos, y entonces del sobrante podría el gobierno discrecionalmente destinar a la educación una décima parte de la sobre-recaudación.

La Policía Técnica Judicial o Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la creación de una Policía Técnica Judicial, bajo el control del Ministerio Público para el seguimiento e investigación de los crímenes y delitos, afirmando que no se trata de una propuesta nueva, y que ya la FJT la había planteado en otras oportunidades como el único remedio para fortalecer y eficientizar la aplicación del Código Procesal Penal.

Este cuerpo especializado vendría a tecnificar un ala de la Policía Nacional para dar repuesta con efectividad a la ocurrencia de la creciente delincuencia operando con impunidad en el país.

Para Trajano Potentini, esta reforma nos pondría en consonancia con la realidad que impone el Código Procesal Penal, de recabar las pruebas atendiendo al rigor científico y metodológico que implica el denominado debido proceso ley, uno de los presupuestos base del llamado Estado Social y Democrático de Derecho, a la hora de proteger la Dignidad Humana.

Finalmente sería conveniente que la policía entienda o asimile que su rol de auxiliar de la justicia es dependiente directamente del Ministerio Público y que cuando el artículo 255 de la constitución le otorga a la Policía Nacional la función de investigar y perseguir el delito, establece que lo hará bajo la dirección de la autoridad competente, que fundamentalmente lo será el Ministerio Público por su naturaleza y las funciones que desempeña de conformidad con el Código Procesal Penal, la constitución de la república y su ley orgánica.