Pongámosle freno a las muertes imprevistas

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MI SENTIR
Por Balbueno Medina
Muchos de los accidentes y tragedias que se producen frecuentemente
en el Distrito Nacional y el Gran Santo
Domingo, en los que han fallecido trabajadores de empresas y residentes en
nuestros barrios, obedecen a la falta de planificación y a la improvisación de
las autoridades Municipales y los propietarios de empresas.
Los daños ocurridos con la explosión de un tanque de Gas
ocurrido en Polyplas, que segó la vida a ocho personas, dejo decenas de niños huérfanos
y causó destrozos en casas y centros educativos, que se encuentran en las
inmediaciones del lugar, puso la tapa al pomo en la larga estela de hechos
lamentables que se han producido en la ciudad primada de América.
Se trata de un hecho que debe mover a la reflexión de las autoridades
y provocar una reacción que permita que de ahora en adelante el Estado se propaganda
trazar políticas que garanticen que esos sucesos no continúen ocurriendo y
cobrando vidas inocentes en nuestro país.
En el caso particular de las empresas que se encuentran
inmersas en nuestros barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional, y el Gran
Santo Domingo, el gobierno cuenta con una herramienta legal indispensable, que debería comenzar a implementar
de inmediato para garantizar que los accidentes de trabajo se reduzcan al mínimo,
como es el reglamento 522-06, de Seguridad
en el Trabajo, que se ha violado flagrantemente en la mayoría de las empresas
dominicanas.
Estamos seguros que si en Polyplas, se hubiesen tomado en
cuenta las previsiones que contempla el Reglamento 522-06, no hubiéramos estado
lamentando la magnitud de la tragedia que ocurrió en esa empresa, porque se habrían
manejado adecuadamente los protocolos que impedirían esos sucesos.
En tanto que otra medida que el gobierno debería tomar, y que
en definitiva es la más complicada, sería
la de iniciar un proceso de traslado de las industrias que se encuentran en el corazón
de los barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo,
hacia una zona industrializada en coordinación con los Ayuntamientos periféricos
en los que hayan terrenos disponibles para producir la reubicación de las
mismas y así evitar que se sigan reeditando los hechos que han costado la vida
a muchos dominicanos valiosos.
Contrario a lo que puedan entender algunos empresarios en
torno a la protección de sus inversiones sobre toda cosa, el gobierno dominicano
está obligado a garantizar la seguridad y tranquilidad, no solo de los que
trabajan para esas empresas, sino para todos los ciudadanos que residen en los
sectores que se encuentran en las inmediaciones de ellas, y es por esa razón que debe dar el paso hacia
delante usando las herramientas que las leyes ponen en sus manos para que no
volvamos a lamentar.
Luego de un proceso bien llevado en coordinación con los
empresarios y los Ayuntamientos que participen en esa salvadora tarea, la misión
del gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme, deberá ser
la de tomar medidas con las envasadoras de Gas Licuado de Petrolero que se
encuentran enclavadas en el corazón de nuestros barrios y urbanizaciones
provocando tragedias y contaminaciones que agreden la existencia de los residentes en
esos lugares y que ameritan ser clausuradas y reguladas para que no continúen causando
los daños que vienen produciendo a la salud humana.
Lo cierto es que las experiencias
de Polyplas, deben servirnos para crear
las bases de una política dirigida a prevenir la ocurrencia de tragedias
fatales que continúen cobrando las vidas de personas inocentes por la carencia
de inversiones en la Seguridad en los Centros de Trabajo y el hacinamiento en
que se encuentran las industrias que nos rodean por todas partes en el Gran
Santo Domingo.
Lo que ha ocurrido en las Industrias y las Envasadoras de
GLP, en la ciudad de Santo Domingo, no es ajeno a otras áreas de la producción nacional,
tales como la Agricultura y la Construcción, donde también hemos perdido muchos
trabajadores por la falta de la aplicación del Reglamento 522-06, pese al afán que
han mantenido sectores sindicales que han reclamado al Ministerio de Trabajo la
aplicación del mismo para evitar la ocurrencia de accidentes prevenibles en
esos centros de trabajo.
Las muertes de obreros agrícolas por el manejo inadecuado de plaguicidas en los cultivos y la
ausencia de equipos de seguridad en el uso de los Trabajadores de la Construcción,
le han costado a este país muchas vidas de criollos y extranjeros que laboran en esas áreas de producción
nacional, que hasta el momento nadie se ha decidido a cuantificar, pero que
resultan tan preocupantes como los que han fallecido en los siniestros que se
han producido en las empresas y envasadoras de la capital, razón por la cual
consideramos que se deben adoptar políticas globales de prevención por la vida
de nuestros trabajadores en cualquier parte del país.
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