Los aumentos en las Superintendencias del Estado son normales

MI SENTIR
Por Balbueno Medina
Las Superintendencias del Estado dominicano, son órganos de regulación
descentralizadas que velan por el buen funcionamiento de los sectores
especializados que se dedican a prestar servicios desde el ámbito privado a la
sociedad dominicana.
Entre esos órganos de regulación, contamos con el Instituto
Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que regula el funcionamiento de
las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Bancos (Sb), que regula
el funcionamiento de la Banca Comercial, la Superintendencia de Seguros (Sg),
que regula las empresas prestadoras de Servicios de Seguros, la
Superintendencia de Electricidad (Sie), que regula el Sector Eléctrico, la
Superintendencia de Pensiones (Sipen), que regula las Administradoras de Fondos
de Pensiones, la Superintendencia de Valores (Siv), que regula el Mercado de
Valores de la República Dominicana, entre otras, que operan bajo leyes
especiales aprobadas por el Congreso Nacional que les confieren autonomía
financiera y administrativas.
A su vez, las Superintendencias como órganos descentralizados
del Estado dominicano, se encuentran adscriptas a diferentes Ministerios que
son los que presiden los Consejos de Dirección de las mismas, y estos son los
que finalmente adoptan mediante resoluciones aprobadas por mayoría de sus
integrantes las políticas a seguir por el órgano en cuestión.
De ahí, es que tomando en cuenta las diferentes variables que
se presentan en el ámbito del sector regulado, los miembros de los Consejos de las Superintendencias,
adoptan las políticas salariales a favor de sus servidores en el interés de equipararlos
a los niveles de montos que percibidos por los funcionarios y empleados de las
empresas reguladas para evitar el éxodo de técnicos calificados que laboran
para el Estado.
Desde ese punto de vista, es que hemos sostenido que los
aumentos que se han producido en algunas Superintendencias del Estado, no son
pecaminosos, ni mucho menos tienen indicios de corrupción, sino de que más bien
obedecen a una necesidad o realidad del mercado porque los niveles de inflación
que se registran en nuestra economía han obligado a ciertas empresas a reajustar
los sueldos a sus servidores y eso podría ser visto como algo tentador por técnicos
que les sirven al Estado y que devengan salarios inferiores para decidirse por
optar por un empleo privado con mayores garantías sociales.
Lo mismo puede aplicar para los ejecutivos principales de las
Superintendencias del Estado, que mientras ven que en las empresas del sector
privado que regulan, sus principales funcionarios devengan altos sueldos y
otros beneficios marginales que no les son proporcionados por esos órganos reguladores,
se ven obligados a regularizar su situación salarial para poder equipararse a
los mismos como autoridad del sector.
Quizás el tiempo para tomar esas decisiones no fue el
apropiado, y aun en medio de las actuales circunstancias económicas que vive el
país, debió mediar una consulta previa al más alto nivel del gobierno para
tratar de detenerlas con tiempo, porque la mayoría de esas Superintendencias
tienen como norma aumentar los sueldos a sus ejecutivos y servidores en base a
las reglas del mercado que dirigen para no desencajar en su ámbito de regulación.
Recuerdo que en el año 1997, cuando el Banco Mundial (BM), decidió
patrocinar la creación del Indotel como órgano regulador del mercado de las
Telecomunicaciones en el país, una de las principales condiciones que puso para
otorgar el préstamo al Estado dominicano fue que sus incumbentes fueran
designados con salarios iguales o por encima de los que percibían los
ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones en el
momento.
Fue así que para el año 1998, cuando se aprueba la Ley
153-98, el presidente del Indotel y los demás ejecutivos de ese órgano regulador
fueron designados con sueldos semejantes a los ejecutivos de las empresas
prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, porque también fue una
exigencia de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), que es la
entidad que agrupa a todos los órganos reguladores de las Telecomunicaciones en
el mundo, lo que supongo deberían aplicar las demás Superintendencias del
Estado en caso de que los órganos regionales e internacionales que las agrupan
mantengan esa condición como mandato.
De manera, que en las decisiones tomadas por los Superintendentes
que aumentaron los salarios en sus instituciones, lo único que faltó fue que
primara un dialogo de alto nivel jerárquico a nivel del gobierno dominicano,
porque esas revisiones salariales son normales y necesarias para la operatividad
de esas instituciones, por cuanto cada consejo tiene la facultad de hacerlo
cuando lo considere oportuno tomando en cuenta las condiciones que les imponga
el mercado que regulan en el momento.
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