VARIAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PIDEN MODIFICAR EL PRESUPUESTO

Por Balbueno Medina

SANTO DOMINGO, Más de 160 organizaciones de la sociedad civil proclamaron que el anteproyecto de presupuesto para 2011 apuntala la desconfianza porque, a su juicio, sigue siendo un dechado de incumplimientos.

Los grupos cívicos manifestaron que el esquema presupuestal no recoge las prioridades de la nación, niega la Estrategia Nacional de Desarrollo, ignora las leyes relacionadas con las distribución del gasto público y la obligación de proteger los derechos ciudadanos.

En una declaración pública, entidades empresariales, sociales, comunitarias y religiosas deploran que el proyecto presupuestario del año próximo el gasto social consignado sea equivalente al 7.3% del PIB, inferior a la proporción de 2010, que fue de 7.7%.

Tras advertir que el gasto social sigue siendo cerca de la mitad del promedio de América Latina, afirma que las erogaciones contempladas para la educación representarán el 2.37% del PIB, mientras la ley del sector dispone que sea de un 4%.

“Una situación similar ocurre en las áreas de la salud, asistencia, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado”, sostiene el documento que, además, sobre el aumento de las asignaciones para el servicio de la deuda.

Critican que para el año 2011 se contemple el pago de capital e intereses por un monto de RD$113,613 millones, igual al 41% de los ingresos tributarios, mientras que el Gobierno proyecta la gestión de financiamientos nuevos por RD$97,259 millones.

Entre las instituciones firmantes del documento se citan las asociaciones de Empresas Industriales de Herrera, Industrias de Bebidas Gaseosas, Dominicana de Industria Textil, Centro Bonó, Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, Colación ONG Sida, Comunidad Vida Cristiana y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Fundación Dominicana de Desarrollo, entre otras.

Afirma que el proyecto de presupuesto no consigna los fondos para completar la cobertura del Régimen Subsidiado de la Seguridad Social, aunque la ley establece una plazo de 10 años, que se cumple en mayo de 2011, para que se produzca una cobertura universal.

Al pedir al Congreso Nacional que apruebe un presupuesto alineado con las prioridades del país, las instituciones firmantes llaman a la ciudadanía a movilizarse en demanda de un gasto público de calidad, que proteja los derechos económicos y sociales fundamentales.