LA FJT ASEGURA PROYECTO DE LEY DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Por Balbueno Medina 

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por intermedio de su Presidente, Trajano Vidal Potentini, aseguró que el proyecto de Ley de la Suprema Corte de Justicia para controlar el ejercicio de la abogacía afecta derechos adquiridos y colide con los principios de irretroactividad de la ley e igualdad constitucional.

Hablando durante un conversatorio sobre el tema celebrado en las instalaciones de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) en Santiago, entidad auspiciante de la actividad académica,  Potentini hizo notar que las leyes rigen para lo porvenir, de modo que en el improbable caso de que la pieza fuera aprobada, tendría necesariamente que respetar la irretroactividad y los derechos adquiridos.

Con más de cincuenta mil abogados que no tendrían que someterse a la regulación de que se trata –dijo Potentini- el proyecto carecería de sentido.

La FJT considera que el proyecto actualmente en curso ante el Congreso impone a los abogados el cumplimiento de deberes de los que estarían exentos otros profesionales, lo que constituiría una clara violación del principio constitucional de igualdad.

Asimismo destacó la entidad la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de empresas, por tratarse de profesionales liberales y dependiente, además de estar sometidos a las reglas del mercado, también se suma la consecuente afectación a la seguridad jurídica al no poder un abogado continuar con un caso por efectos de no superar el examen que cada cinco años le impondría el Poder Judicial para validar el título de abogado.

Durante el conversatorio, que contó con la participación de distinguidos juristas y profesores, el Presidente del Colegio de Abogados y un nutrido público estudiantil, se hizo notoria la preocupación por el costo extraordinario de la formación continuada que se propone en el proyecto.

En resumen, según Potentini, si bien es cierto que la educación continuada es deseable, pero muy pocos podrían pagar el costo y tener el tiempo de aplicar 600 horas de clase anuales, que equivalen a quince diplomados de 40 horas,  cada uno con un costo de miles de pesos. En el evento fue notorio el rechazo a la propuesta legal de la SCJ, tanto entre los participantes como en el público presente.

Dijo Potentini que así como la Suprema está dividida en salas, con jueces especializados para cada materia, así mismo se dividen los abogados por área de ejercicio. Por eso no se debe exigir a todos los abogados el mismo tipo de conocimiento jurídico.

Además, de acuerdo a Potentini, no todos los abogados ejercen en los tribunales: sus oficinas son también empresas en las que se atienden asuntos jurídicos no necesariamente litigiosos, que verían vulnerados sus derechos a realizar el trabajo para el que se capacitaron.

La FJT llamó la atención de los legisladores para que declaren irrecibible el proyecto de la Suprema. Es cierto que existe un problema sistémico en el ámbito educativo, pero eso no justifica el tipo de proyecto que se ha sometido al Poder Legislativo, según Potentini.

Un problema relevante del proyecto de ley de regulación de la abogacía es que no cita en ninguna de sus partes problemas reales y actuales de la Ley Núm. 91 que crea el CARD, hoy día declarada inconstitucional, momento más que propicio para consensuar una nueva ley  de abogados donde se establezcan mecanismos para que las seccionales del colegio de abogados reciban y participen directamente de la administración de los recursos que recibe el Colegio de Abogados, de manera proporcional a la cantidad de abogados inscritos en cada una, además de contemplar lo referente al acceso al ejercicio y los parámetros para la fiscalización y control de los recursos que recibe el CARD.

Por eso, sostuvo Potentini, la FJT propone concordar los diferentes proyectos que puedan presentarse para regular el ejercicio de la abogacía en el país, preservando ciertas obligaciones formativas, no tan exigentes y excluyentes como las propuestas y respetando la realidad del abogado como profesional liberal por excelencia.