LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Por Balbueno Medina

Lic. Balbueno Medina 

La Junta Central Electoral (JCE), como órgano rector del Sistema Electoral dominicano, ha adoptado una serie de medidas legales que no han sido de las simpatías ni de la conveniencia de los principales partidos políticos.

Esas medidas que han sido tomadas con la intención de mejorar, en parte, el funcionamiento del sistema electoral criollo, han sido rechazadas de plano por los Partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Moderno, porque les limitan en sus maniobras políticas.

La disposición que redistribuye los legisladores en base al número de habitantes que han alcanzado las diferentes poblaciones, ha sido una de las medidas que más roncha le ha causado a la partidocracia dominicana y por eso han hecho todo lo indecible por lograr que el Pleno de la Junta Central Electoral deje sin efecto la resolución que ordena el movimiento de candidaturas en varias demarcaciones del país.

En contra de esa medida constitucional, las cúpulas de los partidos políticos que se oponen a la implementación de la misma, señalan como único pretexto el escaso tiempo que les queda  para producir los cambios que se necesitan en la escogencia de candidaturas, debido a que en estos momentos se encuentran inmersos en sus convenciones internas.

Sin embargo, la medida de la JCE hace cerca de dos meses que fue tomada por el Pleno de ese organismo y si hubiese existido la voluntad política de los partidos para adecuarse al mandato de esa resolución, en el tiempo transcurrido debió hacerse para que quedara todo bien, y de esa manera evitar los escarceos del momento.

Con su accionar los partidos políticos lo que buscan es que la Junta Central Electoral viole las leyes y la constitución de la República, cosa que no podemos permitir si queremos que el país se institucionalice, como demanda la gran mayoría de los dominicanos.

Es hora de que la sociedad dominicana asuma el rol de defensa de la institucionalidad de la nación, propiciando con sus acciones el cumplimiento de las resoluciones de los organismos que como la Junta Central Electoral tienen el deber de hacer cumplir las leyes que les facultan a tomar decisiones  sin favorecer a nadie en particular.

Los partidos políticos como parte importante del sistema electoral dominicano deben predicar con el buen ejemplo en vez de ejercer presión para lograr objetivos por su conveniencia, porque de esa manera continuarían minando su credibilidad en el seno de la sociedad dominicana, la cual luce decepcionada por el accionar de muchos de sus dirigentes.

La falta de una ley de partidos político fortalece mucho más las decisiones que en el orden legal ha venido tomando la Junta Central Electoral y en ese sentido, debemos abogar por que ese organismo continúe imponiendo las normas y los plazos que establece la legislación que la rige.

De igual manera, es responsabilidad de la JCE, garantizar la equidad y la transparencia del proceso electoral y consideramos que lo hará porque después del tiempo transcurrido durante las anteriores elecciones celebradas en el país, no echaran por la borda el prestigio electoral ganado por la República Dominicana en el mundo.

De manea, que en este momento lo que se impone es que todos los sectores de la sociedad dominicana muestren mejor actitud de colaboración con la JCE y todos los organismos del Estado que por dispersión de quienes les dirijan estén dispuestas a poner orden al país.

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