Donald Trump pasa de las palabras a los hechos con la construcción de un Muro con México y las persecuciones a los inmigrantes en Ciudades Santuarios

De los servicios de Notamedin.net 


Como prometió en su campaña electoral, el presidente Donald Trump abrió fuego el miércoles contra las "ciudades santuario" de Estados Unidos que protegen de la deportación a inmigrantes sin papeles, a las que quiere privar de fondos federales.
De Nueva York a Los Ángeles, pasando por Chicago o Denver, más de 200 "ciudades santuario" del país declararon su voluntad de ayudar a los inmigrantes indocumentados, estimados en unos 11 millones en todo el país. 
¿Qué es una "ciudad santuario"? 
Grandes metrópolis estadounidenses que reconocen el aporte que recibieron de los inmigrantes, pero también condados o estados enteros como Nueva York y California, reivindican el estatus de "santuario". El nombre tiene sus raíces en los años 1980, cuando muchas iglesias acogieron refugiados de las guerras civiles de Centroamérica que no consiguieron asilo. 
Tienen en común que "se niegan a cooperar con las autoridades migratorias", explica Michael Kagan, jurista y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada.
Se niegan a cumplir sobre todo con los pedidos de detención de los clandestinos solicitados por las autoridades migratorias. Y se niegan a mantener en prisión más tiempo del requerido a un inmigrante sin papeles condenado para facilitar su deportación.
Algunos adoptaron textos que piden especialmente a su policía municipal, y a veces también a las escuelas o servicios de salud, que no denuncien a los inmigrantes sin papeles a las autoridades migratorias, o hacerlo solo en casos excepcionales.
Algunas ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago o San Francisco se niegan incluso "a todo intercambio de información" con las autoridades migratorias, según Jessica Vaughan, del muy conservador Centro para Estudios Migratorios.
La semana pasada, el secretario de Justicia del estado de Nueva York anunció que aconsejaría desde el punto de vista jurídico a todas las autoridades locales que quieran proteger a sus inmigrantes sin papeles.
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¿Qué riesgos corren ahora estas ciudades? 
El decreto firmado el miércoles por Trump pide al gobierno federal que identifique los fondos que pueden ser cortados a las ciudades santuario. Los fondos federales representan a veces sumas colosales -10.400 millones de dólares sólo para Nueva York, según CNN- pero una parte es intocable.
Según Vaughan, los fondos más fáciles de cortar son los que desembolsa el Departamento de Justicia a las policías municipales para ayudarlos a luchar contra los clandestinos. El gobierno de Trump podría asimismo cortar varios subsidios que generan competencia entre varias ciudades.
El alcalde de Nueva York reconoció el martes que existe incertidumbre sobre el presupuesto de la ciudad a raíz de esta amenaza.
¿Cuáles son los argumentos de ambos campos?
Los opositores de las ciudades santuario como Vaughan dicen que la ley federal que obliga a las autoridades locales a cooperar con las federales no puede ser violada. Agregan que, al no cooperar con los servicios migratorios, las ciudades santuario dejan a inmigrantes potencialmente peligrosos en libertad.
Trump y sus partidarios recuerdan casos que ilustran al extremo este peligro: el asesinato en julio de 2015 de Kathryn Steinle, cuando paseaba por el puerto de San Francisco. El sospechoso, arrestado, era un mexicano que había sido condenado varias veces. Las autoridades migratorias habían pedido específicamente a la ciudad que no fuese liberado.
Pero alcaldes demócratas de ciudades como Los Ángeles o Nueva York, apoyados por sus policías, subrayan que tratar a los clandestinos como criminales en ciudades donde representan una gran parte de la población socava sus lazos de confianza con la policía y termina siendo peor para la seguridad pública. 
Las ciudades santuarios poseen de su lado "un argumento constitucional" muy fuerte, estima Kagan. Varios fallos judiciales validaron el rechazo a cooperar de algunas comunidades locales, y estimaron que los pedidos de detención de las autoridades federales podrían violar la Cuarta Enmienda de la Constitución, porque no fueron aprobados por un juez independiente.

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