Asociación Iglesia Jesucristo Fuente de Amor celebra XXVIII Convención

Redacción 

Pastores instan al Gobierno a fortalecer la institucionalidad

La Asociación Iglesia Jesucristo Fuente de Amor afirma que la falta de institucionalidad es sin dudas el problema medular que afecta a la nación dominicana, tanto en el ámbito social como en la estructura estatal, situación que trae como resultado deficiencia en los servicios públicos, desigualdades sociales, carencia de oportunidades, ausencia de régimen de consecuencia, pobreza y corrupción.

En tal sentido, exige transparencia en la administración pública, ya que el ordenamiento jurídico la establece como principio fundamental de las actuaciones administrativas, considerando que es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

Además, hace énfasis en lo concerniente a las contrataciones públicas, para que las mismas se realicen apegadas a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad, equidad, responsabilidad, moralidad, reciprocidad, participación, razonabilidad.

Asimismo, pide que sean sancionados los funcionarios que incurran en el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado, en la Ley No. 41‐08 sobre Función Pública y en la Ley No. 120‐01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público.

Caso Odebrecht

Los pastores de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor destacan en su proclama que el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht representa un reto más que ha llegado a poner a prueba el sistema judicial dominicano.

Consideran inaceptables y preocupantes los errores cometidos por la Procuraduría General de la República en la investigación e instrumentación del expediente acusatorio del caso de corrupción de Odebrecht, en el entendido de que esto cubre o desacredita la justicia y la lucha contra la corrupción, traduciéndose en una posible impunidad.

Resaltan el hecho de que la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Mirian German Brito, en su disidencia con respecto a la decisión de variar la medida de coerción a los imputados, expresó que en el expediente del Ministerio Publico se apreciaba dificultad probatoria.

Sobre este particular, las Iglesias Jesucristo Fuente de Amor instan al cumplimiento de las normas legales procesales y la adecuada administración de justicia, que den al traste con la condena de quienes se evidencie responsabilidad en el caso y que los expedientes sean sustentados en base a pruebas, no en teorías.

“Demandamos de la justicia dominicana el cese de la impunidad”, expresan los pastores en el documento.

A continuación el texto completo de la proclama…

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE PASTORES Y MINISTROS DE LA XXVIII CONVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS JESUCRISTO FUENTE DE AMOR, INC.

Gracia y paz hermanos en Cristo. Ya ha transcurrido un año de nuestra convención, y pasando revista a los temas que presentamos en esa oportunidad, no evidenciamos avances en la gestión y solución de estos, salvo iniciativas legislativas que en el 2017 han sido aprobadas y promulgadas por el Ejecutivo que comenzarán a implementarse, como es el caso de la Ley de Tránsito y Movilidad Vial.

Observando esta realidad, el Consejo de Pastores de la Asociación de Iglesias Jesucristo Fuente de Amor, entiende necesario continuar abordando los puntos que a continuación presentamos, para concientizar y sensibilizar a los actores llamados por la Constitución y las leyes a ejecutar las acciones que cambien la realidad que hoy vive nuestra nación.

1- La Inseguridad Ciudadana.

Estamos frente a nuevos modelos de violencia delictiva e inseguridad. Ya la población no solo es sometida a atracos en las calles, entidades bancarias, locales comerciales, en las viviendas, parques, sino ahora nuestra gente está siendo víctima de atracos en los autobuses del transporte público abiertamente y sin misericordia.

2- Situación Actual del Tránsito.

Continúan impactando a las familias dominicanas los accidentes de tránsito. Ocupamos un sitial en los primeros lugares en muertes por esta causa en América Latina. Continuamos orando para que la sensatez, paciencia y la prudencia sean piezas claves en la concientización del conductor para cambiar este modelo que trae luto y tristeza.

Como indicábamos en nuestra introducción, ha sido aprobada la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana. Esto implica la creación de una nueva institución denominada INTRANT (Instituto de Tránsito Terrestre).

Si bien es cierto que nuestra sociedad adolece de una política de educación vial que entendemos debe comenzar desde las escuelas, pues en esta legislación el peatón también es susceptible de penalidades, no es menos cierto que nuestro sistema de consecuencias no funciona, y tal lo manifiesta la información de que el 90% de las multas impuestas no las cobra el Estado Dominicano. Este aspecto debe ser analizado y reforzado, implementando los controles y herramientas que erradiquen la irresponsabilidad de los violadores de esta norma legal. Los nuevos funcionarios del INTRANT, recientemente juramentados, tienen un verdadero reto por delante para hacer cumplir y respetar esta herramienta jurídica recién aprobada. Esperemos esta institución asuma y juegue su rol y que no se convierta en otra carga más para el Estado.

3- Ley de Partidos Políticos y Ley Electoral:

Reiteramos la imperiosa necesidad de la aprobación de esta pieza legislativa y la realización de la reforma de la Ley Electoral que data desde el año 1997, las mismas serían de suma importancia para el fortalecimiento de los valores democráticos, promover la disciplina política, evitar la discriminación, garantizar la transparencia, establecer sanciones drásticas para combatir la corrupción y el financiamiento ilícito en las campañas electorales, proporcionaría seguridad y confianza a todos los ciudadanos interesados en incursionar en política, establecería controles en la distribución financiera del Estado a los partidos, mejoraría las bases legales del sistema electoral y nos permitiría el desarrollo de una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa.

4- La Institucionalidad.

La falta de institucionalidad es sin duda el problema medular que nos afecta como nación, tanto en el ámbito social como en la estructura estatal, situación que trae como resultado deficiencia en los servicios públicos, desigualdades sociales, carencia de oportunidades, ausencia de régimen de consecuencia, pobreza y corrupción.

En esta ocasión, hacemos un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucional a través del cual se designan los jueces que componen las altas cortes, que ante este nuevo reto de escogencia, se actué apegado a la Constitución y las leyes, que impere una decidida intención de fortalecer el Sistema Judicial para enfrentar la corrupción y la impunidad, donde la especialidad prime sobre el criterio político, que éste sea un proceso inclusivo, transparente, participativo y democrático, donde sean escogidos jueces independientes e imparciales, con compromiso social y vocación democrática, con conciencia cívica, libre de compromisos y ataduras, con trayectoria ética y moral intachable en todo su accionar tanto público y privado.

5- Transparencia en la Administración Pública.

Demandamos transparencia en la administración pública, nuestro ordenamiento jurídico la establece como principio fundamental de las actuaciones administrativas, razón por la que nueva vez abordamos el tema, es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

Hacemos énfasis en lo concerniente a las contrataciones públicas, solicitamos que las mismas se realicen apegadas a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad, equidad, responsabilidad, moralidad, reciprocidad, participación, razonabilidad, y que sean sancionados los funcionarios que incurran en el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y Ley No. 41‐08 sobre Función Pública y la Ley No. 120‐01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público.

6- Suministro Energía Eléctrica

Hoy encontramos el país en una crisis energética influenciada por diversos factores, uno de ellos la falta de capacidad instalada. Se espera la conclusión de la planta de Punta Catalina, que pese a los cuestionamientos que ha sido sometida, se ha presentado en los medios de comunicación como la esperanza para terminar con el mal de los apagones.

Apelamos a que las EDES tomen las medidas pertinentes para disminuir ese 27.6% de pérdida de energía servida, básicamente por el no pago de aquellos ciudadanos y negocios que la consumen. Ahí nos toca llamar la atención de aquellos que se sirven del servicio eléctrico y no lo pagan. Ahora bien, cabría conocer si en ese porcentaje tenemos usuarios que no reciben el servicio y le facturan como tal, como es el caso de sectores que reciben muy pocas horas del fluido eléctrico.

No hay proyecto de emprendurismo que pueda avanzar con esta crisis permanente de electricidad.

7- Salud y Seguridad Social:

Es una situación alarmante que en nuestro país la tasa de mortalidad materna e infantil está entre las más altas de la región, por causa de la baja calidad de los servicios de salud públicos, ausencia de sistematización y de criterios en la asistencia, la falta de equipos, medicamentos, no existen incentivos para el cumplimento de metas sanitarias y mecanismos de rendición de cuentas; baja eficiencia de asignación de los recursos, el gasto público per cápita en salud es bajo, baja cobertura de aseguramiento.

Por lo antes expuesto, pedimos a las autoridades competentes, prestar más atención y tomar acciones en relación a esta gran crisis del sector salud, además de lo ya mencionado, hacemos énfasis en la necesidad de implementar la atención a los enfermos mentales y en especial a los que deambulan por las calles, los cuales carecen de atenciones especiales y suministro de los tratamientos correspondientes, pedimos que esta situación sea abordada desde la perspectiva de respeto a la dignidad humana, para que al momento de ser restablecida la salud, estos pacientes sean reintegrados a la sociedad y al núcleo familiar.

8- Discapacitados.

Tenemos que continuar exigiendo de las autoridades la aplicación de las normativas que promueven la verdadera inclusión social para las personas con alguna condición de incapacidad, que incluya la promoción de empleos tanto en el sector estatal como en el privado, autobuses amigables, aceras y contenes con facilidades para sillas de ruedas, programas de desarrollo de capacidades para la generación de ingresos.

Este sector vulnerable de la sociedad necesita de acciones contundentes que permitan su desarrollo. Entendemos desde el Estado se debe contribuir a ello, con nuevos modelos de construcción de obras públicas en las ciudades, provincias y municipios del país.

9- La Familia, Violencia de Género e Intrafamiliar y Suicidio de los Adolescente.

El alto índice de violencia que se está viviendo en las familias hoy en día, es un problema social que debe de ser comprendido y prevenido. Los medios de comunicación y profesionales de la información son la tribuna desde la que se puede sensibilizar a la sociedad, denunciando que la violencia contra la mujer es un delito y su uso no es natural, debemos tratar la violencia contra las mujeres como un grave problema, que no distingue clase social ni nivel educativo.

Es un deber del Estado ir en auxilio de las familias, ya que, con el ejercicio de la violencia en cada hogar, además de los daños causados entre adultos en donde lamentablemente desencadenan en feminicidios, los niños crecen inmersos en el miedo. Ellos y ellas son candidatos al diagnóstico de toda la variedad de trastornos por estrés traumático, depresiones por desesperanza o de posibles trastornos de personalidad.

El suicidio en los adolescentes es un problema real y muy grave, es un tema que suele callarse y evadirse. Hacemos un llamado de atención a los padres a observar sus hijos, para que puedan reconocer los indicios de la presencia de esta conducta en forma prematura, y contribuir a evitar la concreción del hecho. El conocimiento de los factores de riesgo que contribuyen a la concreción de las ideas suicidas, es una estrategia de prevención.