INDUSTRIALES PIDEN AL GOBIERNO ATACAR CON ENERGÍA LA CORRUPCIÓN

Por Balbueno Medina

SANTO DOMINGO: La Federación de Asociaciones Industriales (FAI) advirtió que, grande o pequeña, sistémica o no, la corrupción socava la institucionalidad, los fondos públicos y crea “un rentismo político” que avergüenza.

En ese sentido, la organización empresarial, que preside Ignacio Méndez, llamó al Gobierno a no perder el foco en disquisiciones teóricas y a asumir las 30 recomendaciones de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), solicitadas por el mismo presidente Leonel Fernández.

“Llama la atención el dato de que tan sólo un ahorro del 1% en los procesos de contrataciones públicas –la mayoría de los cuales se hacen sin cumplir la ley- se traduciría en RD$3,400 millones, lo que da una idea del tamaño de la corrupción en el país”, refirió la entidad.

La FAI descartó que la corrupción sea un fenómeno aislado en el Estado y señaló que, por el contrario, cobra fuerza en todas las instancias de la sociedad, un hecho comprobado en distintos estudios internacionales de percepción sobre el tema en años recientes.

Recordó que en 2006 el país fue calificado con una nota de 2.8 en una escala del 1 al 10, donde 1 es corrupción extrema y 10 ausencia de corrupción, según un estudio de Transparencia Internacional.

Citó hallazgos del Banco Mundial según los cuales de 163 países medidos, República Dominicana ocupa el número 99 en percepción del grado de corrupción, mientras en 2005 se determinó que sólo el 32.5% de los países del mundo obtuvieron peor calificación el de los dominicanos.

La FAI definió como un fenómeno de extrema preocupación el grado de permisividad que existe en el país frente a los corruptos, a veces aceptados con aplausos en los círculos sociales, pese a que se trata de individuos que afectan el funcionamiento del Estado, su capacidad de proveer servicios públicos, distorsionan el mercado y desincentivan las inversiones productivas.

Sostuvo que la mayor parte de las recomendaciones del IPAC, integrada por organismos internacionales, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, sugieren un alto grado de incumplimiento de la ley, un problema de imagen para el país que crea una percepción de débil institucionalidad.#