JOVENES EMPRESARIOS VEN CON PREOCUPACION MODIFICACIONES A LA LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Por Balbueno Medina

Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), consideró como preocupante las observaciones introducidas ayer por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales, vetando dicha pieza legislativa, tras haber sido aprobada y consensuada por el Congreso Nacional.

Dentro de las observaciones de mayor relevancia se encuentra aquella relativa al límite de los 75 años de edad que impone la Constitución de la República como requisito para ser Juez de dicho Tribunal. De acuerdo a la Asociación, “La disposición del artículo 187 de la Constitución es claro cuando especifica que para ser Juez del Tribunal Constitucional se exigirán las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los cuales no pueden tener más de 75 años, como lo indica la Carta Magna”. Asimismo, Lara Guerrero, Presidente de ANJE declaró que “En razón de la magnitud de las atribuciones del Tribunal Constitucional, que podrá revocar tanto actos administrativos como sentencias, incluyendo aquellas con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que emanen de la Suprema Corte de Justicia, el tema se vuelve más delicado requiriendo un apego estricto al mandato constitucional.”

Otra situación muy preocupante para ANJE, es que en la coyuntura actual, dichas observaciones podrían ser aprobadas por el Congreso con mayoría simple, tal y como sucedió la semana pasada con la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es una situación alarmante, pues violarían nuevamente el mandato Constitucional establecido en el artículo 112, que requiere de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso para la aprobación de leyes orgánicas, como lo es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales. En caso de proceder con la aprobación por cualquiera de las dos cámaras del Congreso con una mayoría simple, enviarían nuevamente una señal equivocada a la ciudadanía debilitando nuestro ordenamiento jurídico y creando las bases del Tribunal Constitucional en cimientos inconstitucionales lo cual le restaría legitimidad ante la población en general.