UN PROYECTO QUE BENEFICIARA A TODOS.

Por Balbueno Medina

La iniciativa que promueven varias entidades que se desenvuelven en el negocio de la importación de vehículos usados, debe contar con el respaldo del gobierno central, el Congreso Nacional y de la sociedad dominicana en sentido general.

Desde que se aprobó la ley que estableció el tope de cinco años para la importación de vehículos hacia la República Dominicana, los profesionales y los trabajadores que necesitan tener un medio de transporte para trasladarse a sus centros laborales, han confrontado muchas dificultades, porque no han podido cambiar de autos o han perdido los que tenían por la carencia de recursos.

En los actuales momentos, adquirir un vehículo utilitario, como le llaman los que negocian con ese tipo de aparatos, le cuesta a cualquier persona de clase media entre 500 y 700 mil pesos dominicanos, dinero que se le hace difícil conseguir a cualquier profesional dominicano, si tomamos en cuenta que la mayoría de éstos no llegan a ganar 25 mil pesos mensuales.

Esa realidad que vive el mercado de vehículos en la República Dominicana, nos indica que el profesional de clase media para poder adquirir una maquita de transporte tiene que tomar un préstamo inicial para poder abonar una parte del costo al dealer que vende autos, lo que significa que mientras paga al importador también lo tiene que hacer con el Banco o el prestamista.

Es una situación bastante incómoda y preocupante por la que están atravesando los sectores profesionales y de clase media en la República Dominicana, porque aparte de tener que cargar con la dificultad de poder adquirir un vehículo para llegar a tiempo a sus centros de trabajo y de esa manera evitar ser atracados en el trayecto, tienen la obligación de soportar el peso mayor de las medidas impositivas que se establecen en el país.

Ante ese cuadro, que golpea y afecta de manera inmisericorde a la clase media de nuestro país, se hace necesario que el proyecto de ley que amplía hasta diez años la importación de vehículos hacia el territorio nacional, sea aprobado por el Congreso Nacional para permitirle un respiro a los sectores que mayores cargas impositivas han recibido en toda la historia de la República Dominicana como son la clase media y media baja.

Esa iniciativa, no solo beneficiara a los consumidores que como consecuencia de lo que hemos descrito en los párrafos precedentes, han dejado de comprar los vehículos ideales para poder trasladarse adecuadamente a sus centros de trabajo, o que los han perdido, sino más bien al propio Estado, el cual recibirá mayores ingresos por los volúmenes de ventas que se producirán inmediatamente disminuyan los precios de las maquinas importadas.

De manera, que la campaña que mantienen la Asociación Nacional de Importadores de Vehículos (ANADIVE), ASOSIVO y las otras que se dedican a la importación de vehículos usados, para que se apruebe el proyecto de ley que establece diez años para la importación de vehículos hacia la República Dominicana, es más que una iniciativa, un proyecto de justicia que beneficiara a toda la sociedad dominicana y al propio Estado dominicano.

Quienes por conveniencia se oponen a ese proyecto, lo hacen desconociendo el derecho que tienen los dominicanos de clase media, que son los que sustentan la economía dominicana, a tener un vehículo adecuado que les permita transitar por las calles de nuestro país, sin el sobresalto de que en cualquier momento se les va a quedar por fallas mecánicas, como les ocurre normalmente en estos momentos.

Se trata de hacer justicia, y si en verdad  se quiere hacer justicia a favor del Estado y de la a mayoría de ciudadanos que lo sustentan, es necesario que sin rodeos ni vacilaciones el Congreso Nacional apruebe sin más demora el proyecto de ley que permitirá una mayor democratización y facilidades al mercado de vehículos del país.

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