JUSTICIA Y TRANSPARENCIA DEPLORA FALTA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 2,600 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA

 Por Balbueno Medina 

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), en términos generales calificó de positivo el desempeño del poder judicial durante el pasado año 2012, la entidad destaco que las actuales autoridades con apenas un año de labor jurisdiccional por parte de los jueces supremos y de administración y disciplina a cargo de los miembros del Consejo del Poder Judicial, han llenado sobre todo en términos cuantitativos las expectativas, con muchas luces, pero también con múltiples sombras, veamos:   

ASPECTOS POSITIVOS

Cabe destacar como punto luminoso, en el ámbito jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, el excelente desempeño y labor realizada por sus  tres salas y el pleno, que al finalizar el año presentaron un astronómico rendimiento de 9,136 expedientes fallados, desterrando así la mora heredada del pasado,

es objeto de mención especial y encomio la calidad del trabajo realizado por la sala de lo Laboral, Tierras y Contenciosas Administrativa, que dirige el magistrado Ramón Herrera Carbuccia, donde la mora judicial se ha convertido en casi cosa del pasado y la evacuación oportuna de sentencias de principios que han marcado hitos en el quehacer judicial dominicano, como el caso de la emblemática sentencia sobre los derechos fundamentales en materia laboral, que ha merecido el reconocimiento y elogio de la comunidad jurídica nacional,

Sin dudas que en el orden de gestión administrativa y rendimiento jurisdiccional, el Poder Judicial ha tenido un gran año, los expedientes fallados, el aumento general en los salarios de los jueces y de los servidores judiciales de un 20%, una intensa y sostenida capacitación del personal, mejoras en el seguro de salud, remozamiento y acondicionamiento de los locales que alojan el Poder Judicial a nivel nacional y el abastecimiento de los materiales gastable y de oficina, son algunos de los cambios y conquista positivas que pueden observarse en la administración de justicia, luego de transcurrido su primer año de gestión .

ASPECTOS NEGATIVOS

Cuestionamientos en los asensos y remociones de jueces, y quejas por violaciones al debido proceso de ley en los asuntos disciplinarios

Como temas de reflexión y posible revisión profunda de los reglamentos sobre la carrera judicial, relacionado con la promoción de los jueces atendiendo al escalafón, méritos académicos y desempeño, resalta el preocupante hecho de múltiples cuestionamientos y quejas de parte de jueces inconforme por violaciones a los referidos reglamentos en detrimento de personas que han dedicado una vida a la judicatura, además de los aportes académicos y bibliográficos, por ejemplo el magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, entre otros que debieron haber sido tomados en cuentas. En suma se requiere que el escalafón judicial sea respetado y observado con rigor para garantizar la institucionalidad en un poder del estado llamado a ser el ejemplo de justicia y equidad.

Asimismo somos de opinión de que se revisen y adecuen a la constitución dominicana y en particular a las directrices del debido proceso de ley (artículos 69 de la constitución), los reglamentos y disposiciones relacionadas con los juicios disciplinarios y la capacidad punitiva que tienen los miembros del Consejo del Poder Judicial a la hora de juzgar jueces por asuntos disciplinarios referidos al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Combate a la corrupción judicial y necesidad de una ley que castigue la prevaricación judicial.

Otro punto a considerar es el manejo por parte de los jueces de los diferentes expedientes instrumentados por el Ministerio Público, en materia de grandes casos de corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos, en la actualidad persiste la percepción de una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos sostenido del presidente de la suprema Dr. Mariano Germán Mejía, de mejorar los niveles de credibilidad del poder judicial. De todo esto se desprende la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la Fundación Justicia y Transparencia, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.

Falta de explicaciones y rendición de cuentas sobre las inversiones registradas en la Jurisdicción Inmobiliaria

Otro hecho para la Fundación Justicia y Transparencia, quizás el más grave y preocupante de todos, es la falta de explicación y rendición de cuentas de los hallazgos, por parte del incumbente de la suprema corte y del consejo del poder judicial respetivamente, Dr. Mariano Germán Mejía, sobre las ejecutorias, descalabro y fracaso registrado en la jurisdicción inmobiliaria, pese a la multimillonaria inversión del Estado Dominicano y de organismos internacionales que superan más de 65 millones de dólares en los últimos 13 años, unos 2,600 millones pesos, gastados en la implementación del denominado Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria. reconocemos que la actual gestión del poder judicial ha rescatado y relanzado la Jurisdicción Inmobiliaria y sus órganos vinculados, (Registros de Títulos y Mensuras Catastrales), esfuerzos, para nosotros insuficientes, máxime si no están acompañados de las explicaciones contables necesarias para conocer de las ejecuciones presupuestarias de más de 2,600 millones de pesos con resultados ínfimos en el desarrollo y modernización del sistema de registro de la propiedad inmobiliario en el país.  

Falta de implementación de los tribunales superiores administrativos de primera instancia (artículo 164 de la constitución) e inoperancia del Tribunal Superior Administrativo en el conocimiento de los recursos de amparo

La nueva constitución en su artículo 7 declara a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, con el norte de garantizar como prioridad  esencial la dignidad humana, y con ellos los derechos fundamentales, es así como la carta magna delega en el poder judicial la responsabilidad de implementar y poner en funcionamiento los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

Constituye motivo de gran preocupación y alarma la inercia, inoperancia, y lentitud  del Tribunal Superior Administrativo en el conocimiento de la acción de amparo que le son sometidos a su consideración.

Justicia y Transparencia, le pide a la Suprema Corte de Justicia, el vigilar el tratamiento que ese tribunal le está dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por ocho y doce meses, en clara y abierta violación a la constitución de la república. Para gráficar con un reciente ejemplo nuestras afirmaciones sobre la grave situación del tribunal superior administrativo, citamos una solicitud de un recurso de amparo que justicia y transparencia conjuntamente con la alianza ciudadana solicitara por denegación de información  por la ley 200-04 en contra del ayuntamiento del distrito nacional y del Ministerio de Obras Públicas a principios de diciembre del año pasado, fijándonos la audiencia para el 16 de enero del presente año 2013, casi para dos meses después.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, ofreció estas declaraciones en rueda de prensa celebrada en la sala de conferencias de la librería jurídica global, donde además anuncio para la próxima semana la presentación y entrega de los resultados del desempeño del tribunal constitucional y del tribunal superior electoral en el marco del observatorio de las ejecutorias de las altas cortes que desarrolla la Fundación Justicia y Transparencia.