Asociación Dominicana de Empresas Courier somete recurso de amparo contra medida de la Dirección General de Aduanas

Por Balbueno Medina 

La Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC), en conjunto con otras entidades del sector y de consumidores, presentó este lunes una acción de amparo preventivo urgente ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra del aviso publicado por la Dirección General de Aduanas (DGA) que establece impuestos a las mercancías de menos de US$200.00 importadas mediante la modalidad de envío expreso de mercancía al país.

             De conformidad a los planteamientos de ASODEC, el aviso publicado por la DGA contraviene las disposiciones del Decreto No.402-05, de la Ley No.277-12, del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, así como de diversos principios constitucionales, incluyendo derechos fundamentales, como son los de propiedad y de los consumidores, así como violación a los principios de seguridad jurídica, separación de los poderes del estado, entre otros. 

          Al depositar el recurso este lunes, María Esther Fernández de Pou, representante legal de la entidad que agrupa el 80 por ciento de las empresas del sector de mensajería rápida en el país, explico  que el intento de Aduanas de imponer una carga fiscal por la vía administrativa lesiona una amplia gama de principios constitucionales que ponen en riesgo el Estado de Derecho en el país.  

         Dijo que el recurso no había sido elevado con anterioridad a la espera de que llegar a un entendimiento  director con Aduanas “labor que fue imposible debido a la aptitud de esta entidad en la persona de su director”

           ASODEC y sus representantes han planteado públicamente su oposición al aviso, sobre la base de la ilegalidad e inconstitucionalidad del mismo, aseguran  que una simple disposición administrativa no puede violentar un marco legal que resulta jerárquicamente superior.

      La acción fue interpuesta de conformidad a las disposiciones de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional  y de los procedimientos constitucionales y se suma a otras de las que ya se encuentra apoderado el ya indicado tribunal especializado.   

      La firma apoderada de la acción es Russin Vecchi Heredia Bonetti, a través de los juristas María Esther Fernández de Pou, Manuel Conde Cabrera, Raúl Rodríguez Pereyra, Dángela Ramírez Guzmán y Jeanny Aristy Santana.

      La medida implementada por la DGA está prevista para iniciar su aplicación el próximo día 15 de agosto de 2014, por lo que la intervención del recurso justifica el carácter de extrema urgencia del mismo.