En defensa de la Diva y el derecho que le compete al presidente electo Luis Abinader

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MI SENTIR
Por Balbueno Medina
Tan pronto como fue anunciada la designación de la
comunicadora Milagros Germán, como Directora General de Comunicación y Vocera
de la presidencia de la República, por el presidente electo Luis Rodolfo
Abinader Corona, se levantaron varias voces de colegas del litoral opositor al
Partido Revolucionario Moderno objetando ese nombramiento.
Sin embargo, eso no sucedió cuando el actual incumbente fue
designado en esa posición en el año 2012, sin haber sido egresado de una
Escuela de Comunicación Social, como alegan algunos colegas periodistas para
oponerse a la designación de la Diva al frente de la vocería del gobierno
central a partir del 16 de agosto.
Con esa designación del señor Roberto Rodríguez Marchena, se permitió
crear un precedente funesto para los profesionales de la Comunicación Social
del país, por lo que hoy lamentamos que los colegas que en este momento se han
levantado contra Milagros German, no lo hicieran en el año 2012.
De igual manera, es digno recalcar que antes de Rodríguez
Marchena, otros Directores de Información y Prensa de la Presidencia, habían ocupado
esa posición, aunque ejercieron las funciones de analistas y comentaristas de
programas de radio y televisión, como fue el caso del señor José González
Fabra, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y otros en las gestiones de Joaquín
Balaguer, cuando el ejercicio profesional del periodismo se realizaba de manera
empírica.
Los cierto es que la debilidad de la Ley de Colegiación Periodística
de nuestro país, 10-91, ha sido fundamentalmente la responsable de todas las
precariedades y falencias que padecemos los profesionales del área, porque no
ha tomado en cuenta ninguna de esas acepciones ni mucho menos la regulación de
quienes deben ejercer en los medios de comunicación.
Esas debilidades de nuestra legislación Periodística, ha sido
lo que ha dado pie a la galopante corrupción que existe en los medios de comunicación,
donde muchos ejecutivos en complicidad con actores políticos, han promovido el
chantaje a instituciones públicas, privadas y a figuras de renombre, en aras de
conseguir pingues beneficios que se evidencian en los patrimonios que exhiben
ante la sociedad dominicana.
Si en verdad queremos contribuir con la sanidad de la
sociedad dominicana, debemos barrer con la basura que infecta hoy día los
medios de comunicación de nuestro país, fundamentalmente en la radio y la televisión,
produciendo una verdadera y profunda reforma a las leyes 10-91 de Colegiación Periodística,
a la 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y al Reglamento 824 de la Comisión
Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia, que requiere de su adecuación para
poder funcionar en el contexto social que vive la nación.
Aunque consideramos que por la urgencia en que vive el país
por los efectos de la Pandemia Covid-19, este no será un tema a tratar por el
nuevo gobierno y el presidente electo Luis Abinader, entendemos que en su momento deberá tomarlo en
cuenta porque la comunicación nacional se encuentra en crisis, en una crisis de
valores, éticos y profesionales que si se agravan podrían afectar
hasta la propia imagen del nuevo gobierno.
Para que se produzca la real actualización de esas
normativas, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Circulo de Locutores
Dominicanos, deben contar con el respaldo de los propietarios de medios de comunicación
y el gobierno central, con la misión de enrumbar al país por un mejor sendero
comunicacional, donde se establezcan las reglas del juego claras para evitar
que las lacras sociales que han inundado a la radio y la televisión, continúen haciéndole
daño a la comunicación nacional.
Por lo demás, el presidente electo Luis Abinader, tiene todo
el derecho de nombrar al frente de la Dirección General de Prensa y Vocería de
la presidencia, a una persona que aunque no es egresada de una Escuela de Comunicación
Social, se ha conducido con las alturas que requieren las circunstancias en
nuestros medios de comunicación, contrario a los mercaderes de la comunicación que
han prohijado ciertos partidos políticos y que hoy representan una vergüenza para
toda la sociedad.
Abogamos porque el Código de la Comunicación Social, que
agrupara la actualización de todas las legislaciones a que hemos hecho
referencia en este artículo, sea sometido a la discusión del gobierno, el
empresariado de la comunicación y los gremios de comunicación social del país,
para que finalmente pongamos orden a la casa y de esa manera nos evitemos
tantas discusiones estériles que lo único que crean es confusión y enemistades
entre los profesionales del área.
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