En defensa de la Diva y el derecho que le compete al presidente electo Luis Abinader


MI SENTIR

Por Balbueno Medina



Tan pronto como fue anunciada la designación de la comunicadora Milagros Germán, como Directora General de Comunicación y Vocera de la presidencia de la República, por el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona, se levantaron varias voces de colegas del litoral opositor al Partido Revolucionario Moderno objetando ese nombramiento.
Sin embargo, eso no sucedió cuando el actual incumbente fue designado en esa posición en el año 2012, sin haber sido egresado de una Escuela de Comunicación Social, como alegan algunos colegas periodistas para oponerse a la designación de la Diva al frente de la vocería del gobierno central a partir del 16 de agosto.
Con esa designación del señor Roberto Rodríguez Marchena, se permitió crear un precedente funesto para los profesionales de la Comunicación Social del país, por lo que hoy lamentamos que los colegas que en este momento se han levantado contra Milagros German, no lo hicieran en el año 2012.
De igual manera, es digno recalcar que antes de Rodríguez Marchena, otros Directores de Información y Prensa de la Presidencia, habían ocupado esa posición, aunque ejercieron las funciones de analistas y comentaristas de programas de radio y televisión, como fue el caso del señor José González Fabra, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y otros en las gestiones de Joaquín Balaguer, cuando el ejercicio profesional del periodismo se realizaba de manera empírica.
Los cierto es que la debilidad de la Ley de Colegiación Periodística de nuestro país, 10-91, ha sido fundamentalmente la responsable de todas las precariedades y falencias que padecemos los profesionales del área, porque no ha tomado en cuenta ninguna de esas acepciones ni mucho menos la regulación de quienes deben ejercer en los medios de comunicación.
Esas debilidades de nuestra legislación Periodística, ha sido lo que ha dado pie a la galopante corrupción que existe en los medios de comunicación, donde muchos ejecutivos en complicidad con actores políticos, han promovido el chantaje a instituciones públicas, privadas y a figuras de renombre, en aras de conseguir pingues beneficios que se evidencian en los patrimonios que exhiben ante la sociedad dominicana.
Si en verdad queremos contribuir con la sanidad de la sociedad dominicana, debemos barrer con la basura que infecta hoy día los medios de comunicación de nuestro país, fundamentalmente en la radio y la televisión, produciendo una verdadera y profunda reforma a las leyes 10-91 de Colegiación Periodística, a la 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y al Reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia, que requiere de su adecuación para poder funcionar en el contexto social que vive la nación.
Aunque consideramos que por la urgencia en que vive el país por los efectos de la Pandemia Covid-19, este no será un tema a tratar por el nuevo gobierno y el presidente electo Luis Abinader,  entendemos que en su momento deberá tomarlo en cuenta porque la comunicación nacional se encuentra en crisis, en una crisis de valores,  éticos y  profesionales que si se agravan podrían afectar hasta la propia imagen del nuevo gobierno.

Para que se produzca la real actualización de esas normativas, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Circulo de Locutores Dominicanos, deben contar con el respaldo de los propietarios de medios de comunicación y el gobierno central, con la misión de enrumbar al país por un mejor sendero comunicacional, donde se establezcan las reglas del juego claras para evitar que las lacras sociales que han inundado a la radio y la televisión, continúen haciéndole daño a la comunicación nacional.
Por lo demás, el presidente electo Luis Abinader, tiene todo el derecho de nombrar al frente de la Dirección General de Prensa y Vocería de la presidencia, a una persona que aunque no es egresada de una Escuela de Comunicación Social, se ha conducido con las alturas que requieren las circunstancias en nuestros medios de comunicación, contrario a los mercaderes de la comunicación que han prohijado ciertos partidos políticos y que hoy representan una vergüenza para toda la sociedad.
Abogamos porque el Código de la Comunicación Social, que agrupara la actualización de todas las legislaciones a que hemos hecho referencia en este artículo, sea sometido a la discusión del gobierno, el empresariado de la comunicación y los gremios de comunicación social del país, para que finalmente pongamos orden a la casa y de esa manera nos evitemos tantas discusiones estériles que lo único que crean es confusión y enemistades entre los profesionales del área.


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