Poder de Veto del Estado genera consenso en reforma a la Ley de Seguridad Social

 

MI SENTIR

 

Por Balbueno Medina

Por primera vez, he observado que nos encontramos a la puerta de aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social (87-01), por parte del Congreso Nacional, de consumarse el consenso que se ha venido  dando en el seno de la Comisión Bicameral que estudia la pieza.

El pueblo dominicano espera con ansias que llegue el mes de junio, fecha que ha sido fijada por los comisionados del Senado y la Cámara de Diputados, para rendir el informe final de las modificaciones que se le harán a la Ley, muchas de las cuales han sido dadas a conocer de manera pública.

Para nadie es un secreto, que uno de los principales inconvenientes que ha tenido la Ley 87-01 para su aplicación, ha sido el poder de Veto que mantienen los tres sectores que conforman el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), lo que ha impedido que en gran medida los afiliados a la Seguridad Social se beneficien de la mayoría de las disposiciones que contiene la legislación a favor de los mismos.

En ese sentido y entendiendo que el Estado dominicano como árbitro natural de la sociedad y garante de los derechos de los sectores que tradicionalmente se han mantenido en pugna producto de los intereses que representan, ha sido inteligentemente escogido por los comisionados del Congreso Nacional para que en la próximo reforma a la Ley de Seguridad Social ostente el único poder de Veto con que contara el Consejo Nacional de la Seguridad Social del país.

Creemos que esta propuesta que ha sido consensuada por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, concitará el total respaldo de los legisladores de las diferentes bancadas representadas en ambos hemiciclos, porque permitirá un provechoso avance de la Ley de Seguridad Social en nuestro país, debido que la actual legislación se ha estancado por los intereses de los sectores que no han querido ceder a los beneficios que la misma les ha generado desde su aprobación en el año 2001.

Vale destacar, que en si la Ley 87-01, tal y como se concibió en el momento en que nuestro país dio el salto hacia la búsqueda de un Sistema de Seguridad Social que sustituyera el modelo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, fue el idóneo dado los enunciados y las perspectivas de mejoría que se consignaron en favor de la sociedad dominicana y que en la propia legislación se proyectaban como elementos de cambio y transformación conforme iría pasando el tiempo, lo que la hacía más interesantes para el porvenir de todos.

Sin embargo, nada de eso aconteció, y contrario a beneficiar las necesidades de esa gran población que durante estos más de 20 años, ha venido demandando respuestas a las carencias de servicios eficientes y oportunos, ha provocado la ira de la colectividad nacional que con tanto anhelo pide a clamor la reforma a la Ley de Seguridad Social sin demora este año.

Quizás las reformas que se proyectan no serán del total agrado de la población, porque estamos más que seguros que ni las ARS ni las AFP, desaparecerán como habían propuesto algunos sectores, pero si los comisionados se han comprometido a presentar propuestas que contengan una mejor regulación en el accionar y beneficios que están obtienen a través de la presente legislación.

De ahí, es que nos acogemos al socorrido discurso que de antaño han mantenido experimentados legisladores que hemos tenido en nuestro Congreso Nacional, en el sentido de que, “Nunca  el Congreso Nacional ha aprobado la Ley perfecta o ideal que beneficie el interés nacional, sino la que ha sido posible en el momento coyuntural que ha tocado vivir al país”, lo que presagia que no todos los sectores quedaremos conforme con las reformas que vendrán.

En definitiva, en la República Dominicana, nos encaminamos a contar con una nueva Ley de Seguridad Social que podría ser calificada de Salomónica, porque ninguno de los actores o regímenes que se encuentran protegidos por la actual Ley 87-01, desaparecerán, sino que se acomodarán a las futuras normativas que impedirán la entrega del 30 por ciento a los afiliados a las AFP y la mejoría del Plan Básico de Salud, a cambio de otras reivindicaciones que contendrán la ira de todos para posibilitar el cambio esperado.

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