Cobros de viviendas generarían al Estado más de 20 mil millones de pesos en tres años
MI SENTIR
Por Balbueno Medina
En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se
encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales
circunstancias en que vive el país, y considerando que existen fuentes
importantes de generación de recursos que podrían permitir al Estado la posposición
de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa
de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de
particulares.
Entre los años 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes
Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un
proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano había
otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas
condicionales que establecían el pago de esos inmuebles a 20 y 25 años para ser
saldados por los adquirientes de las mismas.
Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deberían
ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y
luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes
Nacionales y el INVI, deberían de entregarles a cada uno el Titulo definitivo
de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios
fueran objeto de crédito por el cumplimiento del pago acordado.
Luego de los casi 15 años transcurridos, los Directores de
Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda,
Juan Vargas Mención, iniciaron exitosamente la gestión de cobros de esos
inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al día en
el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisición de sus
viviendas, pero después dejaron de pagar porque los incúmbentes de esas
instituciones no dieron seguimiento a las políticas de cobro que se
implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos
proyectos.
Desde entonces han transcurrido más de 16 años y los adquirientes
de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de
sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando
una prolongada mora que si pusiéramos calcular podría superar el monto de éste
en varios miles de millones de pesos.
Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y titánica
tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado,
los señores Brito y Vargas Mención, tuvieron que enfrentar a una gran batería de
influyentes periodistas que habiendo sido favorecidos con la entrega de
apartamentos, trataron de revertir las políticas de cobro que diseñaron para
devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos.
Esas políticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder
Ejecutivo, tenía como propósito recaudar los recursos del Estado invertidos en
esos proyectos para crear un fondo de reinversión en la construcción de
viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades
sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos años del 1987 al
1993, que todavía se encuentran en muy buen estado de estructuración.
Para quienes tienen la oportunidad de leer este artículo,
simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago
referencia se encuentran: los Habitacionales de las Lauras, ubicado en la
Avenida Núñez de Cáceres, José Contreras y Pedro Livio Cedeño, ubicados en las
Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblemáticas
en la ciudad de Santo Domingo y para la época constituyeron un referente
moderno de arquitectura para el país.
Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos
entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rincón Martínez y
Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo
se actualizara al momento que vivimos hoy, podrían rondar entre 12 y 15
millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluación
el Estado dominicano podría conseguir más recursos que los que inicialmente
estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intención para que
se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades
del país.
Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas
autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos
Humanos, de reciente creación, se encontrarán con la gran sorpresa de que potentadas
figuras de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de otros
estamentos de clase media de nuestro país, fueron beneficiados con la entrega
de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y
que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los
adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todavía permanecen
a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como
establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones
correspondientes.
Con la disposición de cobrar los recursos dejados de percibir
por el Estado dominicano a través de la construcción de los Proyectos
Habitacionales, que hemos hecho referencia, el gobierno dominicano, no
solamente recaudará más de 20 mil millones de pesos para inyectárselos a la economía
nacional y generar nuevas fuentes de empleo y recuperar el país, sino que facilitará
a los que actualmente usufructúan esos inmuebles el privilegio de poseerlos de
manera definitiva y por medio de sus Títulos de propiedad servir a la sociedad
como sujetos de crédito para beneficio
propio.
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments