La Seguridad Social y otras reformas pendientes serán retos a encarar por el próximo gobierno

MI SENTIR

Por Balbueno Medina

El tiempo de las reformas que se han planteado en la sociedad dominicana ha sido agotado y el gobierno que surja a partir del próximo año, se verá obligado a encararlas para hacer los ajustes que demandan diferentes sectores nacionales e internacionales.

Una de las reformas que mayormente ansiamos los dominicanos, es la de la Ley 87-01, de Seguridad Social de la cual más del 80 por ciento de la población no está de acuerdo con la forma de su aplicación, pese a que en su enunciado enumera una serie de medidas que la presentan como la normativa ideal para la solución de los problemas de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Los inconvenientes y dificultades que se han presentado con la aplicación de la Ley de Seguridad Social, han sido atribuidos fundamentalmente a la conformación del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que lo integran los trabajadores, el gobierno y el empresariado, quienes ostentan el derecho a veto y cada vez que alguno de ellos considera que sus intereses son afectados utiliza esa prerrogativa para impedir que la moción contraria prospere, sin importar que beneficie a las grandes mayorías del país.

Esa ha sido la mecánica que ha guiado el accionar de la Seguridad Social y por esa razón no se ha aplicado el régimen contribuido subsidiado, que beneficiaría a los profesionales independientes como los periodistas y los Centros de Atención Primaria, que beneficiarían a las grandes mayorías impidiendo que incurran en cuantiosos  gastos al comprar medicamentos y pagar caras consultas a los especialistas de las clínicas privadas, por la carencia de una asistencia médica oportuna y preventiva.

Cosas como esas y otras que mantienen disgustada a la población, han obligado a la mayoría de los dominicanos a reclamar insistentemente la reforma a la Ley 87-01, al cumplir más de 20 años de vigencia y no experimentarse una notable mejoría en quienes sustentan su aplicación por la precariedad de los servicios que reciben a través del Plan Básico de Salud y las pensiones que contempla el sistema.

El gobierno que encabeza Luis Abinader, lo mismo que su antecesor Danilo Medina, se comprometieron a promover la reforma a la Ley 87-01, y ambos no pudieron consumar sus aspiraciones por los intereses que se han tejido alrededor de su aplicación, pero necesariamente el gobierno que surja en el año 2024, tendrá la impostergable necesidad de modificarla lo mismo que otras que requiere el país para mantener la estabilidad macroeconómica y poder seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora.

En este contexto me refiero a la demandada reforma fiscal que tanto sectores nacionales como organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han alertado sobre la necesidad de que sea aprobada para realizar los ajustes fiscales que necesita el país, con el objetivo de mejorar el ritmo de crecimiento de la economía nacional.

Otras reformas, que fueron contenidas en el pliego de las 12 propuestas hechas por el gobierno al Consejo Económico y      Social, que se quedaron en el tintero deberán de ser un reto para el próximo gobierno, sobre todo si el presidente Luis Abinader, logra pasar la reelección presidencial, ya que si sucede lo contrario consideramos que a cualquier gobernante que surja de la oposición no le interesaría su implementación dado que las mismas surgieron del interés del actual mandatario y pese a que fueron presentadas en el CES, morirán engavetadas en el Congreso Nacional.

Entre esas iniciativas, que sería importante recordar para la posteridad, se encuentran el proyecto de Ley de Independencia del Ministerio Público, que busca crear el Ministerio de Justicia, la del Agua, Modernización del Estado, del Transporte, sector Hidrocarburos, educativa, entre otras, que por el momento político que vive el país permanecerán sin ser tocadas por el Congreso Nacional, debido a que será difícil que las bancadas logren ponerse de acuerdo para aprobarlas por las contradicciones políticas coyunturales.

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